El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, endureció ayer las críticas del máximo tribunal contra el proyecto de reforma constitucional del Presidente Leonel Fernández, y señaló que el mismo, en caso de aprobarse, provocaría un choque de poderes y pondría en peligro la gobernabilidad democrática de la nación y la seguridad jurídica. Habló en ocasión del Día del Poder Judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, afirmó ayer que de aprobarse la reforma constitucional en los términos propuestos, se pondría en peligro la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática de la nación.
“Sí, escucharon bien, pondría en peligro la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática, por los inevitables conflictos que se producirían entre los poderes públicos, y básicamente, entre los tribunales supremos que se pretenden crear; se produciría lo que se conoce como choque de trenes”, enfatizó.
Precisó que la creación de un Tribunal Constitucional, disfrazado con el nombre de Sala, así como la de un Tribunal Superior Administrativo, crearía problemas de legítima representación del Poder Judicial, tanto en el país como en el extranjero.
El magistrado se refirió al tema en el discurso que pronunció en la Sala Augusta de la SCJ, con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial.
Argumentó que podría ocurrir como en otros países, donde la coexistencia de esos tribunales origina un verdadero caos en cuanto a quién representa a ese Poder. “Honestamente seríamos el hazmerreir del mundo. En los casos de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Paraguay, esas salas forman parte de la Corte Suprema de Justicia”, insistió.
El presidente Leonel Fernández presentó un proyecto de reforma constitucional que incluye una serie de cambios en el máximo tribunal de justicia.
Al dar lectura a su discurso de 18 páginas, Subero Isa dijo que el costo de poner en funcionamiento esas estructuras sería mayor el primer año que los 3 mil 546 millones 363 mil 317 pesos asignados al Poder Judicial.
Refirió que mientras se propone la creación de nuevos tribunales, hay no menos de 108 tribunales pendientes de funcionamiento en virtud de diferentes leyes aprobadas por el Congreso y que no están operando por falta de recursos.
Agregó además que durante el año pasado ingresaron a la SCJ 36 acciones de inconstitucionalidad y 370 casos en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que indica, por el volumen de casos, que no se amerita de la creación de esos tribunales.
Inadmisible. En otro orden, Subero Isa afirmó que es inadmisible e inaceptable que las decisiones de los jueces sean el resultado de presiones que provengan de su exterior, pues de esto ocurrir, se contaminaría todo el proceso judicial.
“La verdad es que el papel del juez es muy difícil. No podemos reciprocar con sentencias favorables los afectos que nos brindan los amigos. Por eso se pierden afectos y se ganan desafectos. Es decir, como quiera llevamos la de perder”, enfatizó.
Con estas declaraciones, Subero Isa respondió a los cuestionamientos hechos por diversos sectores a sentencias evacuadas por el máximo tribunal, entre ellas, la del caso Sun Land.
“Muchas decisiones judiciales son como la verdad histórica, que solamente se pueden establecer después de haber transcurrido cierto tiempo, cuando se enjuicien sin prejuicios y sin pasiones, sino solamente a la luz del Derecho imperante en la época en que se dictaron y de las circunstancias que las motivaron”, agregó.
Señaló que nunca pensó que la segunda ola de la reforma judicial estaría alimentada por “fuertes vientos huracanados que la convertirían en un tsunami, capaz de destruir los logros alcanzados”.
El gran ausente
Pese a que se esperaba la presencia del presidente Fernández en los actos de celebración del Día del Poder Judicial, pasadas las 11:00 de la mañana se observó entrar en su representación al nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al vicepresidente Rafael Alburquerque, quien fue recibido por el presidente del máximo tribunal, Jorge Subero Isa y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña. Aunque en menos proporción que en otras ocasiones, al acto acudieron funcionarios, autoridades civiles y militares, diplomáticos, religiosos y dirigentes políticos.
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