El juez Rafael Ciprián, del Tribunal Superior de Tierras, definió como un “golpe mortal” para las garantías constitucionales la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisibles las instancias de inconstitucionalidad sometidas por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra un contrato del Gobierno con la empresa Sun Land Dominicana.
En una carta enviada ayer al presidente del alto tribunal, doctor Jorge Subero Isa, Ciprián considera que con esa sentencia de inadmisibilidad por falta de calidad de las acciones en inconstitucionalidad del PRD y el Foro, se negó el derecho que tienen los ciudadanos a ser parte interesada en la tarea de exigir respeto a la Carta Magna y convertirse en centinelas de la Constitución.
Estimó inaceptable que la Suprema Corte de Justicia con “esa triste sentencia” haya establecido que en lo adelante sólo los presidentes de la República, de las cámaras legislativas o una persona directamente afectada podrán interponer la acción en inconstitucionalidad para exigir el respeto a ese pacto fundamental.
En su carta, el magistrado le señala a Subero Isa que la decisión del tribunal “niega el criterio jurisprudencial establecido por ustedes en la sentencia del 8 de agosto del 1998, en que establecieron: “…debe entenderse por parte interesada, aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo o actual, jurídicamente protegido o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”.
El juez Ciprián explicó que con ese criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia se interpretó el artículo 67 de la Constitución de la República y se abrió una acción popular que protegía a los ciudadanos de los desafueros del Poder.
Sin embargo, al expresar su protesta por la sentencia en el caso de la Sun Land, advierte a Subero Isa que con ésta se vuelve a las posiciones superadas a partir del 8 de agosto de 1998.
“En lugar de avanzar en la protección de los derechos ciudadanos, ahora dimos un salto a una década atrás. Y contra eso protesto como ciudadano”, enfatizó Ciprián.
Al dejar sentada su protesta y cuestionamiento contra la sentencia del más alto tribunal de justicia, el juez del Tribunal Superior de Tierras estimó que ésta podría ser muy mal interpretada debido a la “cultura trujillista, intolerante, autoritaria, negadora de derechos fundamentales de las personas que ha prevalecido en el país”.
En una carta enviada ayer al presidente del alto tribunal, doctor Jorge Subero Isa, Ciprián considera que con esa sentencia de inadmisibilidad por falta de calidad de las acciones en inconstitucionalidad del PRD y el Foro, se negó el derecho que tienen los ciudadanos a ser parte interesada en la tarea de exigir respeto a la Carta Magna y convertirse en centinelas de la Constitución.
Estimó inaceptable que la Suprema Corte de Justicia con “esa triste sentencia” haya establecido que en lo adelante sólo los presidentes de la República, de las cámaras legislativas o una persona directamente afectada podrán interponer la acción en inconstitucionalidad para exigir el respeto a ese pacto fundamental.
En su carta, el magistrado le señala a Subero Isa que la decisión del tribunal “niega el criterio jurisprudencial establecido por ustedes en la sentencia del 8 de agosto del 1998, en que establecieron: “…debe entenderse por parte interesada, aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo o actual, jurídicamente protegido o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”.
El juez Ciprián explicó que con ese criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia se interpretó el artículo 67 de la Constitución de la República y se abrió una acción popular que protegía a los ciudadanos de los desafueros del Poder.
Sin embargo, al expresar su protesta por la sentencia en el caso de la Sun Land, advierte a Subero Isa que con ésta se vuelve a las posiciones superadas a partir del 8 de agosto de 1998.
“En lugar de avanzar en la protección de los derechos ciudadanos, ahora dimos un salto a una década atrás. Y contra eso protesto como ciudadano”, enfatizó Ciprián.
Al dejar sentada su protesta y cuestionamiento contra la sentencia del más alto tribunal de justicia, el juez del Tribunal Superior de Tierras estimó que ésta podría ser muy mal interpretada debido a la “cultura trujillista, intolerante, autoritaria, negadora de derechos fundamentales de las personas que ha prevalecido en el país”.
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