viernes, 29 de mayo de 2009

ROBERTO SANCHEZ SE OPONE A LA CEMENTERA EN LOS HAITISES



Desde que se anunció la intención de instalar una fábrica de cemento que aprovecharía al mismo tiempo los recursos mineros de la corteza terrestre en la zona de Los Haitises, los habitantes de las comunidades aledañas han manifestado su abierta oposición a través de cartas, declaraciones, reuniones y movilizaciones.
Al parecer, el proyecto ha recibido el respaldo de diferentes instancias del gobierno e incluso, según los informes, hasta la Licencia Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Si así ha sido, considero desatinada esa decisión de la SEMARENA, y me identifico plenamente con los comunitarios y con los técnicos de la Subsecretaría de Areas Protegidas de la misma SEMARENA, que emitieron una opinión madura y sopesada en contra de que le fuera otorgada la Licencia a dicho proyecto.
El Parque Nacional de los Haitises es parte de una de las más importantes zonas de acumulación de agua del país. Las aguas que sobre él caen se infiltran a través de millares de furnias y cavernas y forman ríos subterráneos que vienen a alimentar todo el acuífero o aguas subterráneas acumuladas en toda la zona oriental de Santo Domingo, en todo el territorio de la Provincia de Monte Plata y parte de las provincias de San Pedro de Macorís e incluso de Sánchez Ramírez.
Los pozos que alimentan el acueducto de Santo Domingo Oriental y que suple a más de un millón de dominicanos, extraen agua que es suministrada por Los Haitises.
De los Haitises surgen los manantiales que alimentan los ríos Boyá y el Socoa y otros que drenan hacia el Ozama, así también el río Magua y el Higuamo que suplen de agua a San Pedro de Macorís,
A parte del consumo humano desde Santo Domingo Oriental hasta San Pedro de Macorís y la provincia de Monte Plata, el acuífero que es alimentado por Los Haitises aporta el agua para la agricultura y la ganadería en toda esa región, incluyendo la producción azucarera de tanta importancia económica.
Los proyectos turísticos de Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes son beneficiarios directos del agua que se produce en Los Haitises.
Solo me detengo en la importancia hídrica de Los Haitises y no hago mención en esta ocasión de su importancia y potencial para el ecoturismo, ni de su extraordinaria singularidad paisajística, ni de su valor en la conservación de la biodiversidad, ni de su influencia en la estabilidad del clima de la isla.
Según los informes, la autorización incluye no solo instalar una cementera, sino también explotar las calizas de la corteza terrestre.
Esta actividad es totalmente incompatible con una zona de tanta importancia hídrica, que aporta el agua a casi el 40% de la población dominicana y de la que depende un alto porcentaje de la economía del país en sectores tan diversos como el turismo, la agricultura, la industria azucarera, la ganadería y numerosas industrias, incluyendo la zona franca de Las Américas.
La actividad de la cementera y la minera afectará cerca de 5 kilómetros cuadrados de zona carstica, rica en cavernas y dolinas (sumideros) que originan lagos y corrientes subterráneas, justo en la zona de nacimiento del río Socoa, afluente del Boyá, el cual aporta a su vez al Ozama.
El argumento de que el área de concesión esta fuera de los límites del Parque no es válido en virtud de que esa zona es parte del cars de Los Haitises, es decir de la región geológica y como tal es parte de su zona de amortiguamiento, en la cual se permiten ciertas actividades compatibles que no provoquen alteraciones considerables del paisaje ni de los procesos ecológicos y, en especial, hídricos que se originan en la zona.
Técnicamente, de conformidad con los lineamientos de la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (UICN) y de las propias disposiciones nacionales, el uso minero debe estar totalmente prohibido en una zona con tal potencial hidrológico y mucho más si es parte de la zona de influencia de un área natural protegida.
Legalmente están protegidos por la Ley 64-00 todos los nacimientos de ríos, arroyos y cañadas. La misma Ley protege todas las cavernas del país. La zona concedida para explotación reúne ambas cualidades protegidas.
Socialmente es una injusticia colosal, un verdadero abuso y atropello, que se hayan mantenido 15,000 dominicanos desalojados de las tierras de las que subsistían, con la promesa de darles parcelas, y durante 18 años (desde 1991 hasta 2009) no se le haya cumplido la promesa, y a una velocidad meteórica se le haya otorgado el irritante privilegio a intereses particulares.
Lo procedente es anular toda concesión que se haya realizado, sugerir a los promotores que busquen otra zona menos vulnerable y que no entre en contradicción con otro uso más necesario para la nación.
Los terrenos que tan fácilmente fueron cedidos a un consorcio privado, deberían ser utilizados para reparar la gran injusticia que ha condenado a una vida de miseria intensificada a más de 2,000 familias.
Utilizar esa enorme superficie para convertirla en parcelas y entregarlas a los desalojados de los Haitises, como se les prometió hace 18 años, con lo cual se cumple una vieja deuda social y además se contribuiría a reducir las presiones sobre esta área protegida, verdadero tesoro natural y patrimonio de la nación.

jueves, 14 de mayo de 2009

Aplicación inmediata de las leyes procesales: caso de la Ley 491-08

POR EL DR. HERMOGENES ACOSTA
Mediante la Ley No. 491-08, publicada el 11 de febrero del 2009, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley No. 3726 del 29 de diciembre de 1953, el procedimiento de casación previsto en ésta última para las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, fue modificado sustancialmente.

Los aspectos más relevantes de la mencionada Ley No. 491-08 son los siguientes: a-. limita considerablemente el derecho a recurrir, ya que en lo adelante sólo serán recurribles en casación las sentencias que contengan condenaciones a pagar sumas de dinero que superen los 200 salarios mínimos –el parámetro de referencia será el salario mínimo más alto del sector privado, cuyo monto en la actualidad es de RD$7,360.00 pesos, conforme a la resolución No.1-2007, de fecha 25 de abril del 2007, emitida por el Comité Nacional de Salarios- ; b-. despoja el recurso de casación de su carácter extraordinario, para convertirlo en ordinario, al atribuirle un efecto suspensivo, es decir, que durante el plazo para recurrir y hasta que se resuelva el recurso, si éste se interpusiere, la sentencia objeto del mismo no puede ejecutarse y c-. reduce el plazo para recurrir de dos (2) meses a treinta (30) días.

En torno a los tres aspectos indicados se ha originado un interesante e intenso debate, el cual tuvo como escenario el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y fue organizado por los estudiantes de la maestría de Procedimiento Civil de la indicada alta casa de estudio, el jueves 19 de marzo del año en curso.

Quien suscribe, tiene varias observaciones de fondo en torno a los mencionados aspectos, sin embargo, y por el momento, no me referiré a los mismos, ya que ello requiere de un análisis que rebasaría los límites de espacio propio de un artículo periodístico.

En esta ocasión, nos limitamos a analizar lo relativo al momento en que tiene eficacia o se aplica la ley que nos ocupa.

Lo que motiva el presente análisis son las inquietudes que jueces, abogados en ejercicio y estudiantes tienen en torno al régimen aplicable a las sentencias que fueron notificadas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley que comentamos, y principalmente, en torno al régimen aplicable a los recursos interpuestos previo a la entrada en vigencia de la nueva ley pero que hasta la fecha no han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia.

Para dar respuesta a las referidas inquietudes es de rigor analizar y conciliar, el principio de irretro actividad de las leyes y el de aplicación inmediata de las leyes de procedimiento, ambos aplicables a la ley 491-08.

El principio de irretroactividad de la ley está previsto en el artículo 47 de la Constitución, texto que establece lo siguiente: “La ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub-júdice o cumpliendo condena.

En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.” Este principio también está refrendado por la disposición consagrada en el artículo 2 del Código Civil, que establece: “La ley no dispone sino para el provenir: no tiene efecto retroactivo.” La teleología de los mencionados textos es simple y específica, en un estado de derecho no puede aplicarse una ley nueva a situaciones jurídicas consumadas con anterioridad, porque ello implicaría desconocer derechos adquiridos. La aplicación retroactiva de una ley atenta contra la seguridad jurídica, principio esencial del estado democrático de derecho.

En lo que concierne a la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento, lo primero que debemos establecer es que no está previsto en ningún texto legal, y más bien es un principio general del procedimiento.

Conforme al mismo, las leyes de procedimiento, como la que modificó el procedimiento de casación, se aplican a las actuaciones procesales iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Según el artículo 1 del Código Civil, las leyes son exigibles y aplicables en el Distrito Nacional al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional, y en el resto del país, dos días después de dicha publicación.

La ley de referencia fue publicada en el periódico Diario Libre, edición del 11 de febrero del 2009, de manera que en los casos en que la sentencia fue notificada el día 11 de febrero o antes de esta fecha, en lo que concierne a quienes tienen su domicilio en el Distrito Nacional, o el día 12 del 2009 o antes, para quienes tienen su domicilio fuera del Distrito Nacional, el plazo para recurrir en casación es el previsto en la ley vieja, No.3726, del 29 de diciembre de 1953, es decir, de dos meses y no de treinta días como lo consagra la nueva ley.

En caso de que el recurso de casación se hubiere interpuesto antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, se le aplica la ley vieja, aunque dicho recurso no haya sido conocido ni decidido.

Lo anterior implica que la Cámara correspondiente de la Suprema Corte de Justicia no podrá tomar en cuenta como criterio para determinar la admisibilidad o no del recurso de casación, los requisitos establecidos en la nueva ley No. 491-08, como por ejemplo, el monto de la condenación.

De igual forma, y como regla general, los recursos que fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, aunque no hayan sido conocidos ni resueltos por la Suprema Corte de Justicia, no impiden que las sentencias objeto de los mismos sean ejecutadas por sus beneficiarios, salvo que se trate de los casos previsto en el último párrafo del artículo 12 de la vieja Ley, o que se haya obtenido su suspensión, mediante el mecanismo que establecía el antiguo artículo 12 de la Ley No. 3726.

En conclusión, entendemos que los recursos que fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y que están pendientes de fallo o instruyéndose en las Cámaras de la Suprema Corte de Justicia, deben resolverse conforme a la ley No. 3726. De lo contrario, se desnaturalizaría el principio de aplicación inmediata de las leyes de procedimiento y se violaría el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Esto, obviamente, traería como consecuencia una alteración de la seguridad jurídica, cuya protección y preservación es inherente y consustancial al estado de derecho.

El autor es juez presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del D.N.
Tomado del Listín Diario 14 de mayo 2009

sábado, 9 de mayo de 2009

JORGE SUBERO ISA DESCONFIA

El Magistrado Jorge Subero Isa dice que la reforma en curso puede conllevar a la inseguridad jurídica, por tanto desconfía del proceso de reforma y aboga porque todo quede como está. Recogemos notas del periodico Hoy, de esta fecha.

Subero Isa tiene la esperanza de que las cosas se queden como están, “por lo que esperamos que los asambleístas puedan recapacitar y no le presten mucha atención al proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo”
En el país no existirá seguridad jurídica si se aprueban, en el proyecto de reforma constitucional que conoce la Asamblea Revisora, la Sala Constitucional y el Tribunal Tributario Administrativo, afirmó ayer el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Dijo que esa modificación representa el retroceso institucional más grande de los últimos 40 años. “Si esos dos aspectos se excluyen de la sombrilla de la SCJ no habría Poder Judicial y el ciudadano caería en un estado de indefensión total”, dijo el magistrado, al resaltar que lo que se persigue es el descalabro de esas instancias.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que uno de los grandes defectos que tiene la administración pública en la República Dominicana y que fomenta la corrupción, es precisamente la carencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el doctor Jorge Subero Isa, aseguró que hoy día la rendición de cuentas es un instrumento necesario e importante para todas las instituciones “principalmente para las que manejan recursos públicos”, insistió.
Cuestionado sobre los sistemas de consecuencias que existen para los funcionarios públicos que no presentan sus declaraciones juradas a tiempo, el presidente del más alto tribunal precisó que en el Poder Judicial “eso no pasa”.
Explicó que anualmente los jueces deben hacer declaraciones juradas y si él, que revisa de manera personal los reportes, nota la existencia de algún incremento que no pueda ser justificado con el ingreso de la persona verificada, ordena una investigación que de confirmar la existencia de irregularidades en el incremento de los bienes traduce a ese magistrado a juicio disciplinario.
Subero Isa, en relación a la corrupción administrativa, defendió la creación de un fiscal general anticorrupción que no sea designado por el Poder Ejecutivo.
“Cuando lo propuse encontré muchas voces en contra, pero es lo que creo”, indicó el magistrado.
CPP e hipergarantismo. En otro orden, Subero Isa advirtió sobre el ‘hipergarantismo’ en que pueden caer algunos jueces en la aplicación del Código Procesal Penal (CPP).
Dijo que en comparación con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, el CPP tiene muchas ventajas, dentro de las que citó que el juez penal no puede decidir por la íntima convicción sino que tiene que exponer cual es la razón por la que tomó una decisión o no.
Sin embargo, aclaró el presidente de la Suprema, “eso no significa necesariamente que muchos jueces hayan caído en lo que es el ‘hipergarantísmo’, es decir en dar primacía sobre todas las cosas al derecho individual de esa persona, en detrimento, posiblemente, del derecho de la sociedad”.
Al respecto, exhortó a los jueces a tomar en cuenta el interés de la sociedad, sin desmedro de la libertad individual de la persona.
CPP no fomenta impunidad. Ahondando en el tema de la nueva normativa procesal penal, la doctora Laura Hernández, directora nacional de la Defensa Pública, aseguró que constituye un mito el hecho de que el CPP fomenta la impunidad.
“No es cierto que las personas estén en las calles como consecuencia del CPP”, insistió y recordó que en el último y único censo carcelario realizado en el 2006 la población carcelaria era de 12,706 y actualmente sobrepasa los 17,500.
En ese sentido, el director ejecutivo del programa de jurisdicción inmobiliaria, Helder Tavárez argumentó que con el Código anterior había que esperar hasta 30 meses para una sentencia firme, “y con el nuevo código se llega allí en sólo 10 meses”, precisó tras afirmar que hay una reducción de un 200% en el tiempo de los casos en la justicia.
Mayoría casos prescribían. Tavárez explicó que en el sistema anterior se resolvían más casos por prescripción que por resolución y que el paso del código viejo al nuevo supuso el expurgo de 450 mil casos, que equivalían a una acumulación de alrededor de 25 mil casos por 20 años.
Operadores del sistema. Cuestionada sobre personas puestas en libertad aún con evidencias que lo incriminen, Hernández dijo que hay que insistir en la labor de los demás operadores del sistema porque se necesitan expedientes bien instrumentados y pruebas que los sostengan ante el juez.
Presidente SCJ afirma RD adolece de una justicia que es ‘cara y onerosa’
Subero Isa calificó como una barbaridad el costo de la justicia en la República Dominicana, de la que dijo es muy cara y muy onerosa en pago de impuestos y de sellos, sin contar con los honorarios que se deben pagar a los abogados.
Puso como ejemplo que una persona que inicie un proceso para recuperar RD$50 mil, debe gastar al menos RD$15 ó RD$10 mil.
Explicó que todo dependerá del juicio de que se trate si es penal, civil, contencioso tributario, contencioso administrativo, un juicio penal que es donde menos oneroso resulta, “porque nosotros hemos adoptado decisiones donde hemos exonerado a la jurisdicción penal de una serie de impuestos y de sellos”, precisó, empero, que el acceso a la justicia se encuentra limitado por el encarecimiento de que resultan de esos servicios judiciales.
Sin embargo, el magistrado aclaró que ese elevado costo no es por el Poder Judicial sino por los sellos, impuestos y recibos.
Aclaró que contario a lo que muchos creen esos recursos no van a las arcas del Poder Judicial, “muchas veces la gente se confunde lo único que recibe el Poder Judicial es lo que mensualmente le envía la Tesorería Nacional y que está consignado en el Presupuesto Nacional”, argumentó.
Expuso que hay procesos judiciales que se pueden hacer sin necesidad de los abogados, pero no se podrían hacer sin los sellos o los pagos de impuestos.
Otro aspecto que citó el presidente de la SCJ sobre el acceso a la justicia es la distancia de los tribunales que hay en algunos lugares a los que hay que trasladar a los presos, que, según dijo, muchas veces tienen que cargar con el costo de vehículos que los lleven a que se les conozcan sus roles.
“Por ejemplo los presos de Ocoa hay que llevarlos a Baní, pero muchas veces los presos de Elías Piña hay que llevarlos a San Juan de la Maguana”, indicó el presidente del más alto tribunal del país.

miércoles, 8 de abril de 2009

FICCA RECIBE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA

De visita en el país el Dr. Antonio Raudilio Martín Sánchez, Presidente durante 18 años de la Sala Laboral del Tribunal Supremo Popular de Cuba es recibido por la FICAA.
El Dr. Martín Sánchez es, además, Vicepresidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y en cuya calidad sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente Fundador de la FICAA, entidad de la cual es miembro fundadora la Unión de Juristas de Cuba, pasando revista a los trabajos y programando las actividades pendientes del año, así se acordó que el VII Congreso de la FICAA será celebrado en el mes de octubre en la La Habana, mientras que en julio será celebrado un congreso extraordinario en Puerto Príncipe, sede principal de la FICAA en el presente período.
Una jornada de trabajo intensa que fortalecerá a la FICAA.
Al centro se observa al Magistrado Raudilio Martín Sánchez, quien en compañía de los doctores Deómedes Olivares y Alfonso Torres Ulloa visitó la sede del Colegio de Abogados; a la izquierda el Dr. Fernando Pérez Vólquez, Presidente del Colegio de Abogados; a la derecha Deómedes Olivares, Presidente Fundador de la FICAA.
En el momento en que visitaba la sede de la FICAA en la ciudad de Santo Domingo, se observa a la derecha al Dr. Alfonso Torres Ulloa, quien coordinó el recorrido del magistrado Raudilio Martín, quien se observa al centro y a la izquierda el Dr. Olivares.

Momento en que era recibido por el Ing. Radhamés Segura, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Estatal de Empresas Eléctricas, en compañía del Dr. Cornelio Ciprián, jurídico laboral de la entidad.

En la gráfica mientras el honorable señor Juan Astiasarán, Embajador de Cuba en la República Dominicana recibía al Dr. Martín Sánchez, quien se observa a la izquierda, a la derecha el Embajador y al centro el Dr. Alfonso Torres Ulloa.

miércoles, 11 de marzo de 2009

Detractores de la SCJ

Por Julio Cury

Me apena leer y escuchar las declaraciones odiosamente enfáticas que políticos y abogados formulan con el propósito de concitar respaldo para sustraerle a la Suprema Corte de Justicia el control de la constitucionalidad. ¿Que nuestro más alto tribunal ha cometido errores? Es posible, y en el hipotético caso afirmativo, estoy convencido de que colocados en una balanza de absoluta fidelidad, pesan mucho menos que las sentencias de principio que han contribuido no sólo a enderezar el muy desviado régimen judicial que imperaba hasta 1997, sino también a ceñir los actos de los demás poderes públicos a la legalidad.
Podemos encontrar no pocas decisiones trascendentales en materia constitucional. Ahí están las que dejaron sin efecto los artículos 87 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, el párrafo 1 de la Ley de Cheques y el 49, párrafo único, de la Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, que prohibían la libertad provisional bajo fianza a los imputados de violaciones a dichos textos.
La que declaró inconstitucional la Resolución No. 163/2000, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que instituía un sistema de arbitrios y tasas para autorizar distintos tipos de construcciones comerciales; la que declaró no conforme con la Carta Sustantiva el artículo 1463 del Código Civil, que presumía irrefragablemente que renunciaba a la comunidad de bienes la mujer divorciada que no la hubiese aceptado durante los tres meses y cuarenta días que siguieran a la publicación de la sentencia de divorcio.
Bueno es no olvidar que entre los decretos declarados inconstitucionales, figuran los números 295-94, 798-02 y 139-03, del 29-09-94, 14-10-02 y 09-02-03, mediante los cuales el Poder Ejecutivo impuso un impuesto de salida del país de US$10.00, concedió a la AMET la gestión de los cobros de las multas por infracciones de tránsito, y dispuso una contribución transitoria de 5% a las exportaciones de bienes y servicios nacionales.
Sobresalen también las sentencias que declararon inconstitucionales el párrafo 4 del artículo 81 de la Ley 153-98, y los artículos 63, 80 y 143 del Código Tributario, que disponían la permanencia durante 4 años de los miembros del consejo directivo del INDOTEL, y que consagran el principio del solve et repete, que supeditaban la admisibilidad del recurso contencioso-tributario al previo pago, violentado el derecho de defensa. Ni qué decir del fallo “Sun Land”, que, tecnicismos procesales aparte, admitió que se trató de un contrato que para surtir efectos debió antes ser sometido al Congreso.
Entonces, ¿por qué se han obsesionado en reducirle a la SCJ el perímetro de sus atribuciones? Seamos francos y digamos sin tapujos que la seudo igualdad de todos ante la ley que prevaleció hasta 1997, es parte de nuestra historia reciente gracias a Jorge Subero Isa y a los demás miembros de la SCJ. De ahí que cause vergüenza observar cómo los interesados en colar esta reforma sustantiva se gasten el atrevimiento de discutir la honradez y el desempeño de los jueces de ese alto tribunal, cuya dignidad está por encima de las aberraciones que contra ellos escriben y dicen sus detractores.

martes, 10 de marzo de 2009

Joven denuncia MP archiva expediente violación

ES UN CASO GRAVE, NO DEBE ARCHIVARSE...!!

La joven universitaria Omelfi Jiménez, violada sexualmente por un compañero de trabajo, denunció ayer que la fiscal adjunta a cargo de las pesquisas del caso dispuso el archivo de la querella sin valorar los elementos de pruebas aportadas contra el imputado.

sostuvo que la fiscalizadora de la provincia Santo Domingo, Berlida Yanira Florentino, ordenó el archivo de la querella contra Francisco Alberto Monegro Andújar, a quien acusa de violarla sexualmente, a finales de diciembre pasado, luego de compartir en una fiesta.

Ambos trabajaban juntos en una pizzería. En su dictamen, la representante del Ministerio Público dispuso el archivo del expediente “en virtud de que los elementos de prueba aportados resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos”. Sin embargo, la joven de 23 años presentó un certificado médico de la maternidad San Lorenzo de Los Mina, según el cual presentaba desgarro vaginal abundante.

La c lave
Diagnóstico
Un certificado médico emitido por los doctores Paulino Díaz Ozoria y Ana Rodríguez Villega, subdirector médico y ginecóloga obstetra, respectivamente, indica que la joven fue ingresada al centro asistencial, a raíz de la violación con un sangrado transvaginal abundante.

Suprema tiene 50 casos pendientes de extradición



La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente 50 solicitudes de extradición, contra dominicanos pedidos por los Estados Unidos para que respondan por hechos ligados, en su mayoría, al narcotráfico.
Dentro de ese grupo está Ernesto Guevara Díaz -Maconi- a quien se le sigue un proceso en el país por su presunta vinculación con el capitán del Ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, preso en Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con informaciones contenidas en datos estadísticos de la SCJ, algunos de los pedidos en extradición aún no han sido apresados.
En cinco años. Las informaciones indican que en los últimos cinco años la Suprema autorizó la extradición de 26 dominicanos a los Estados Unidos, mientras rechazó el pedido hecho a 13 nacionales.
Empero, de 180 solicitudes tramitadas por la Cámara Penal del tribunal entre el 2004 y lo que ha transcurrido del 2009, un total de 67 pedidos en extradición han decidido presentarse de manera voluntaria por ante tribunales estadounidenses, en 12 casos la petición fue retirada y en otros se había hecho o el solicitado había fallecido.

jueves, 26 de febrero de 2009

MAESTRIA EN DERECHO INTERNACIONAL Y MIGRATORIO



FICAA le invita a participar en la Maestria en Derecho Internacional y Migratorio

jueves, 19 de febrero de 2009

LEY DE MEMORIA HISTORICA



Lilliam del Carmen Roselló se convirtió ayer en la primera dominicana favorecida por la ley de memoria histórica, y recibió su pasaporte español.
Alrededor de 40 mil dominicanos descendientes de españoles que se radicaron en el país en la época de la tiranía del presidente Francisco Franco podrían obtener la nacionalidad. Ayer la embajada entregó el primer pasaporte español a Lilliam del Carmen Roselló.
La entrega estuvo a cargo del embajador de España, Diego Bermejo, y el cónsul genera, Manuel Hernández, luego de reconocer a la dominicana en cumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Bermejo informó que desde hace un mes hay un volumen de 90 personas que acuden diariamente al consulado español para tramitar la documentación a fin de que se le reconozca la nacionalidad española.
De su lado, Hernández dijo que luego de hacer las investigaciones y determinar la veracidad y legalidad de la documentación de las personas que han solicitado la nacionalidad española se estima que alrededor de 40 mil dominicanos descendientes de españoles recibirán sus pasaportes.
Roselló al manifestar su satisfacción explicó que obtuvo la nacionalidad por ser hija de un español nacido en Argelia y radicado en el país en la década de los 50.
La nacionalidad se le otorgó en aplicación de los artículos contenidos en la Ley de Memoria Histórica, para los hijos mayores de edad de los españoles nacidos en el extranjero que recuperaron la nacionalidad, explicó Hernández.
De acuerdo a la Ley el gobierno español otorgará también la ciudadanía a los nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

miércoles, 18 de febrero de 2009

CONSULTORIO LABORAL

Por el Dr. Carlos Hernández

1. El Art. 97 del CT establece una serie de causas que justifican la dimisión del trabajador, que de ser probados obligan al empleador a reconocerle al trabajador todos sus derechos laborales. Ahora bien, el Art. 97 no establece como uno de los elementos justificativos de la dimisión el maltrato verbal por parte del empleador, y esto constituye una de las prácticas más comunes y aberrantes de los empleadores, que falta el respeto a la dignidad humana. Me gustaría que usted abundara, citando jurisprudencia y doctrina sobre el particular.

Al respecto, le sugiero consultar una jurisprudencia del 30 Nov. 1976, B. J. 792, Pág. 2006, la cual establece que el trabajador podrá dimitir justificadamente por insultos pronunciados por su empleador hacia su persona. Hay otras jurisprudencias de interés: 3° Cám. SCJ 8 Jul. 1998, B. J. 1052, Pág. 583, sobre un chef de cocina que insulta a su subalterno y compromete la responsabilidad de empleador; 3° Cám. SCJ 9 Sep. 1998, B. J. 1054, Pág. 484, de un encargado de seguridad en una empresa que presenta una denuncia a nombre de la empresa contra un empleado; y 3° Cám. SCJ 20 Oct. 2004, B. J. 1127, Pág. 854, de un cliente que presentó quejas y acusaciones contra un empleado.

Para los que no son abogados, jurisprudencias son decisiones de los tribunales (Suprema Corte, en nuestro país) que crean precedente seguido por los demás jueces y abogados. Estas jurisprudencias pueden encontrarse en la portal de la Suprema Corte, www.suprema.gov.do

2. Mi pregunta va orientada hacia las vacaciones. Tengo entendido que luego de 5 años laborando en la empresa son 14 días de descanso y 18 días de pago (Art. 177 del CT). Mis vacaciones son en diciembre a partir del día 15. Mi empleador alega que si realiza esta forma de pago, entonces en la primera quincena de enero se me debe deducir 4 días, ¿Tiene razón mi empleador? Hay algún artículo del CT que ampare esta aseveración?

No, su empleador no tiene razón. Sencillamente, a usted habrá que pagarle más debido a su antigüedad en el servicio. Ese es el objetivo y espíritu de la norma al establecer un pago por 18 días, aunque el disfrute continúe siendo 14 días laborables.

Tome en cuenta también que los únicos descuentos posibles son los señalados en el Art. 201 del CT, y aquellos debidos a préstamos tomados por el trabajador.



lunes, 2 de febrero de 2009

Conflicto desnuda el manejo interno del CARD

EL COLEGIO DE ABOGADOS, LA ETICA EN ENTREDICHO
El conflicto interno suscitado en el Colegio de Abogados de la República Dominicano ha destapado una "olla de grillos", en la que se describe el manejo de más de RD$50 millones que entraron a las arcas del gremio durante el 2008.
La abultada nómina, llena de viáticos, dietas y el gasto de RD$300,000 para la fiesta de fin del año 2008 en el local del Codia, sin la contratación de orquesta, ponen el cascabel al gato.
Ayudas para reparación de motocicletas, arreglos florales, horas extras, pagos de narradores deportivos, hospedajes en hoteles préstamos, compra de marbetes y reposición de gastos forman parte de los egresos de los recursos que entran por concepto de la Ley 10-91.
El tesorero del gremio, Winston Marte, mostró una nominilla a DL para avalar las supuestas irregularidades del presidente del CARD, José Fernando Pérez Vólquez, en el manejo de los recursos.
En una interminable lista figuran dietas que van desde los RD$19,000 hasta los RD$59,000, dadas al 12 de diciembre, desembolsadas a favor de directivos de la entidad.
Pérez Vólquez figura con un estipendio de RD$149,000, más un "incentivo de Navidad" ascendente a RD$42,500, más RD$20,000 para combustibles, el 2 de diciembre.
En dieta y viático por un viaje de 10 días, fue emitido un cheque por valor de RD$136,000, el día primero de diciembre del 2008.El 19 de noviembre fue comprado un ticket aéreo por valor de RD$108,000 para un viaje del presidente del CARD, quien ese día tomó un préstamo de RD$148,000, y el día anterior un viático de RD$10,000.
El fiscal Nacional, Anulfo Piña, está enlistado con un emolumento de RD$59,000, más un incentivo de RD$42,000, el cual fue emitido el 22 de diciembre.
Winston Marte tiene una dieta y viático, en calidad de tesorero, de RD$59,000 y un incentivo de RD$42,500, más RD$20,000 de combustible, lo mismo que el secretario general, Deómedes Olivares.
El músico Pedro Mata figura con un servicio prestado de RD$12,000 en el CARD.Otros incentivos de RD$20,000, RD$13,405, RD$34,955 están asignados a personas de las que sólo aparecen los nombres, sin apellidos ni cédulas.
La compra de un bate para la liga de sofboll de abogados le costó al CARD RD$8,500, el 12 de noviembre del año pasado, cifra que contrasta con la adquisición de dos bates, más una docena de bolas por RD$8,200, el 22 de octubre.
HABLAN DIRECTIVOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

El secretario general del CARD, Deómedes Olivares, acusó a Pérez Vólquez de asignarse diario una cuota de RD$20,000 en combustibles.
Comentó a DL que los estatutos del gremio establecen que los gastos de los ingresos no pueden exceder el 30% y el otro 70% deben ser destinados a actividades de capacitación. Sin embargo, considera que el 100% de los gastos actuales se realizan en cuestiones innecesarias.
Dice que sólo en donaciones, se desembolsan mensuales RD$1 millón.
Al igual que Winston Marte, sostiene que fue inhabilitado en sus funciones por Pérez Vólquez, quien según sus explicaciones no se reúne con la directiva para debatir las ejecutorias.
Exigen respeto a la institucionalidad del CARD, que se rinda cuenta de los ingresos y erogaciones y no sea manejado como un patrimonio personal de su presidente.
Olivares, Marte y el segundo vicepresidente del Colegio, José Parra Báez, solicitaron a la Cámara de Cuentas auditar las finanzas del gremio, donde supuestamente existe una serie de irregularidades financieras y administrativa.

TOMAS CARITE, CUENTO PARA LA REALIDAD DE HOY

Por: HAMLET HERMANN
Lectura refrescante para una memoria nueva...

Por los años 1950, cuando Santo Domingo era todavía Ciudad Trujillo, Tomás, un pescador por necesidad, circulaba cada madrugada las desoladas calles con su vara al hombro en busca del sustento familiar.
Su lugar preferido estaba junto a la planta eléctrica situada a orillas del río Ozama, cuyas aguas todavía albergaban gran cantidad de peces. Un día, Tomás no tuvo suerte y consumió largas horas sin que un ridículo pececito mordiera su carnada. Esa mala suerte significaba fogones vacíos en el hogar.
Frustrado hasta los extremos, emprendió el viaje de vuelta a casa. Fue encontrando en el camino personas conocidas que, uno tras otro, le preguntaban cómo le había ido en la pesca. La paciencia fue agotándose de tanto decir lo mala de su suerte hasta que, con visible incomodidad dijo a uno: “Bien, muy bien. Un barco de la Marina llegó a puerto cargado de carites enormes y los está regalando a todo el que pase por allí.” Tomás siguió entonces caminando un buen rato hasta que topó con una considerable cantidad de personas que corrían en dirección contraria.
Preguntó por qué el tumulto y uno de los que corría le dijo: “Es que un barco de la Marina está en el muelle regalando carites.” Tomás vaciló sorprendido al descubrir que su piadosa mentira había provocado una conmoción. Pero entonces, dentro de sus limitadas facultades mentales pensó: “No puede ser. La gente no puede ser tan ingenua ni tan bruta, pero... a lo mejor es verdad.” Y fue así como Tomás dio vuelta y empezó a correr en dirección al muelle en busca de los pescados que su propia imaginación había creado. Cuando la frustración fue colectiva, el pescador pasaría a ser conocido como Tomás Carite, el mentiroso que creía sus propias mentiras.
Algo parecido al relato anterior ocurre en estos momentos entre los que elaboran directrices desde el Palacio Nacional. Para nadie es un secreto que una gran cantidad de comunicadores sociales recibe jugosas sumas de dinero para difundir lo que conviene a los planes políticos del Presidente. Como es de esperarse, las páginas de los periódicos, así como los espacios de la radio y la televisión se llenan de las informaciones que, quienes pagan, quieren que el pueblo conozca. Cumplida esa parte del ciclo, los funcionarios leen la prensa, ven la televisión y escuchan la radio para detectar cómo han sido cumplidas sus instrucciones, a sabiendas de que esa gestión inmoral ha costado un dineral del erario.
Vista la abundante aparición de sus mensajes en los medios de comunicación, los amnésicos por conveniencia llegan a la forzada conclusión de que lo publicado es lo que el pueblo piensa. Pasan por alto que se están escuchando y leyendo a sí mismos. Como por arte de magia, Tomás Carite, el frustrado pescador que creía en sus propias mentiras, aparece a todos los niveles del gobierno.
Pero no es sólo Tomás Carite el que ha ocupado un importante puesto dentro de la nómina oficial. A diario, al igual que la madrastra de Blancanieves, la del cuento de los hermanos Grimm, tienen un espejo mágico ante el cual acostumbran a verse a cada momento. Y, por supuesto, no dejan de preguntar a su espejo mágico quiénes son los más inteligentes y mejores conceptualizadores. Ellos, sin lugar a dudas. Pero no puede descartarse que al espejo pudiera quedarle, quizás, poco tiempo colgado en las paredes oficiales.
Como van las crisis políticas y económicas fluyendo, no está lejos el día en que el espejito pudiera contestar de manera diferente como hasta ahora y decir que el funcionario que pregunta ya no es ni el más inteligente ni el mejor conceptualizador. Porque se puede engañar a todos una parte del tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo. Pero lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo. Ese modelo se está agotando como block de hielo expuesto al sol de este país del verano permanente.
Tanta falacia podría, quizás, provocar que tanto Tomás Carite como la madrastra de Blancanieves tengan que dejar sus fabulosos cargos en la administración pública. Aún cuando sus planes sean los de eternizarse en el poder.

Subero: Suprema se constituye en bandera de independencia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó hoy que ese organismo se ha constituido en bandera de la independencia y la institucionalización del país, ejemplo que exhortó a continuar en todas las instituciones nacionales.
Al pronunciar un discurso esta mañana en el acto de canto del Himno y enhestamiento de la Bandera Nacional frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, el doctor Jorge Subero Isa exaltó ambos símbolos como valores de la Patria.
El acto fue realizado como parte de las actividades programadas con motivo de celebrarse el Mes de la Patria, bajo el auspicio de la Comisión de Efemérides Patria y otras instituciones del Gobierno.
Antes de iniciarse el canto al Himno Nacional y el enhestamiento de la Bandera Nacional, Subero Isa dijo que con ese acto la Suprema Corte de Justicia puso de manifiesto su adhesión a los actos conmemorativos del Mes de la Patria, dedicado a honrar la memoria de los fundadores de la República Dominicana.
Recordó que el año pasado el organismo desarrolló una actividad similar en todos los recintos judiciales del país, como una forma de que los empleados y funcionarios se compenetraran con su contenido.
Dijo que con esa actividad el organismo que preside ha iniciado una nueva etapa exaltando el patriotismo de todos los dominicanos.
“Queremos que éste, una vez más, el ejemplo dado por la Suprema Corte de Justicia, que ha sido institución bandera en la independencia y la institucionalización en la República Dominicana, repito, que ese ejemplo sea seguido por todos”, manifestó.
Exhortó a que los miembros del Poder Judicial y todos los dominicanos no se avergüercen de cantar el Himno Nacional y que cada letra la sientan, para así tener una gran relación con los Padres de la Patria.
Consideró que cuando los países pierden la independencia, lo primero que se pierde son los valores de la Patria, que son la Bandera, el Himno y el Escudo nacionales.
“Por eso es que nosotros no podemos permitir nunca perder la independencia y, por lo tanto, perder los valores patrios”, enfatizó Subero Isa.
Advirtió que si día tras día los dominicanos no recordamos lo importante que es exaltar la memoria de los fundadores de la República, a través del Canto a la Patria, se correría el grave riesgo de perder esos valores, principalmente en los actuales momentos que la sociedad está bombardeada por tantas cosas negativas.
También exhortó a que los dominicanos reasuman la costumbre de que en cada escuela pública, en cada recinto oficial, se cante el Himno Nacional a las 8:00 de la mañana, al mismo tiempo que se enhesta la Bandera.
El Himno Nacional lo cantaron Subero Isa y los jueces del organismo Eglis Edmurdoc, Rafael Luciano Pichardo y Víctor José Castellanos, acompañados del Coro de la Suprema Corte de Justicia y algunos empleados de esa institución, mientras que pelotones de la Policía y militares izaban la Bandera Nacional.

viernes, 16 de enero de 2009

INDUSTRIA PIDE POSPONER DEBATE SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL

Plantea tratar ese tema después que concluya la cumbre convocada por el Presidente para el próximo día 28.
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Manuel Diez Cabral, consideró que la discusión de la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo debe ser relegada hasta tanto concluya el proceso de la cumbre convocada por el Presidente de la República para abordar la situación económica del país.
Diez Cabral señaló que “esta postergación la planteamos por dos motivos. Primero, porque de la cumbre pueden surgir elementos que deban ser contemplados en el proceso de reforma constitucional y, segundo, porque la propuesta de reforma tiene tantos puntos importantes a los que debe dedicarse tiempo que no es posible hacerlo en conjunto con la cumbre”.
Una propuesta similar había hecho el economista Fernando Alvarez Bogaert, para quien los esfuerzos del momento deben concentrarse en la elaboración y ejecución de un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial sobre el país.
Diez Cabral dijo que la menta que mucha gente considere que el gran tema de la reforma constitucional es el de la reelección. “Esto es quedarse corto. Dìjo que lo más importante es la visión de sociedad por la que estaríamos dispuestos a trabajar en los próximos lustros”, expresó.
“Si algo ha de salir de la cumbre, debemos esperar. Es una petición válida que la AIRD hizo a principios de semana. Modificar la Constitución no es un tema que pueda ser tomado a la ligera, puesto que impactará por generaciones a nuestro país”, explicó.
Reiteró el pedido de la AIRD de posponer el conocimiento de la reforma constitucional hasta una nueva fecha, cuando ya haya terminado la cumbre y se hayan procesado sus resultados. Participación Ciudadana había propuesto que tanto la cumbre como la reforma constitucional sean pospuestas, esta última para una fecha posterior a la primera.

jueves, 15 de enero de 2009

GOTA DE DERECHO LABORAL, DR. CARLOS HERNANDEZ CONTRERAS


Me gustaría saber si un trabajador pone término a su contrato de trabajo en una determinada empresa y aun no ha cumplido un año interrumpido de labor, ¿la empresa está en la obligación de pagarle la proporción de las vacaciones?
Hay dos opiniones (de autores y expertos) opuestas en este tema, y la Jurisprudencia (decisión de la Suprema Corte) no ha definido el asunto todavía.
El Art. 179 del CT dispone que si el trabajador, “sin culpa alguna de su parte”, no puede tener la oportunidad de completar el año de servicios que da derecho a las vacaciones anuales, le corresponderá una proporción conforme a una escala fijada en el Art. 180 del CT.
Eso quiere decir que si el empleado es despedido por una falta grave, antes de que cumpla el año, no le toca la proporción de vacaciones.
Quiere decir también que si el empleado dimite pero no prueba la justa causa de su dimisión, tampoco le toca la proporción de vacaciones. En ambos casos el contrato termina antes de completar el año debido a una “culpa” del empleado.
En cambio, si el empleador decide desahuciar al trabajador antes de que éste complete el año que le da derecho a vacaciones anuales, entonces a ese trabajador le corresponde la proporción de vacaciones, pues dicho trabajador no tomó la decisión ni tuvo culpa alguna que incidiera en la terminación del contrato.
La discusión doctrinal surge en el caso del desahucio ejercido por el trabajador, comúnmente conocido como renuncia.
Una parte de la Doctrina opina que si el trabajador decide renunciar antes de completar el año de servicios, el empleador no tiene que indemnizarlo por una decisión que no la tomó el empleador sino que la tomó el propio trabajador; que cuando el Art. 179 del CT ha establecido la frase “sin culpa alguna de su parte” ha comprendido no sólo faltas sino también las decisiones del trabajador, que son de su responsabilidad.
En cambio, otra parte de la Doctrina opina que renunciar no es una “culpa” sino el ejercicio del derecho al desahucio, y que el Art. 179 del CT habla textualmente de “culpa” en el sentido exclusivamente de falta cometida por el empleado, y que por tanto el trabajador solamente dejará de percibir la proporción de vacaciones en los casos de despido justificado, pero no en los casos de desahucio que él mismo ejerce.