viernes, 9 de octubre de 2009

DERECHOS ESENCIALES CONCULCADOS EN NUEVA CONSTITUCION

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que en la próxima semana elevará varios recursos ante la Suprema Corte de Justicia y organismos internacionales en contra de la violación de las libertades individuales en la reforma constitucional.

La Comisión Americana de los Derechos humanos, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Plataforma Interamericana de los Derechos Humanos son algunas de las entidades citadas ayer por Manuel María Mercedes, director de la Comisión.

La CNDH entiende que la reforma viola el derecho de los ciudadanos de someter recursos de inconstitucionalidad, el de la mujer de decidir en situaciones de aborto terapéutico, el libre acceso a las playas, entre otros puntos. "De aprobarse el mamotreto de Constitución de Leonel y Miguel que hoy se salcocha en la honorable Sala de la Asamblea Nacional, tendremos una Constitución que viola derechos fundamentales", entiende la CNDH.

"En lo que va de aprobación de la segunda lectura de la reforma a la Constitución más de 10 derechos fundamentales se han lesionado por lo que si se valida esa Constitución del Congreso sería una Constitución que estaría abocada a dificultad en materia de su aplicación", dijo Mercedes.

martes, 6 de octubre de 2009

DICE CRISTOBAL RODRIGUEZ

Asambleístas no pueden reducir los derechos ciudadanos existentes

El jurista Cristóbal Rodríguez advirtió a los asambleístas que la Constitución vigente establece límites a la Asamblea Revisora, referidos al sistema de gobierno y los derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser modificados para agregar nuevos, no para reducirlos. Recordó, además, que la Asamblea está convocada por una ley que no pueden desconocer, porque de lo contrario el proceso de reforma estaría viciado de arbitrariedad e ilegalidad.
El jurista Cristóbal Rodríguez advirtió a los asambleístas que la Constitución vigente establece límites a la Asamblea Revisora, referidos al sistema de gobierno y los derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser modificados para agregar nuevos, no así para reducirlos.
Recordó, además, que la Asamblea está convocada por una ley que no pueden desconocer, porque de lo contrario el proceso de reforma estará viciado de arbitrariedad y de ilegalidad.
Rodríguez, quien es experto en derecho constitucional y participó en la comisión que elaboró el borrador de la reforma, apuntó que existe un precedente en Costa Rica, donde en el año 2003 la justicia declaró inconstitucional una reforma a la Carta Magna porque los asambleístas cruzaron los límites en los aspectos de derechos.
Al ser entrevistado en el programa El Día, que conducen Huchi Lora y Patricia Solano, Rodríguez se unió a los que han planteado que el trabajo de la Asamblea Revisora en esta última etapa se ha caracterizado porque se han echado atrás muchos artículos que fueron sancionados en primera lectura y que habían sido elogiados porque significaban una avance institucional y democrático.
Refirió como contraproducente el hecho de negar el derecho de los ciudadanos recurrir en inconstitucional, lo cual había sido uno los logros de mayor incidencia de la reforma de 1994.
“La Constitución es una norma que afecta a todos los ciudadanos. Cualquier disposición contraria a ella habilita a la ciudadanía para demandar la inconstitucionalidad”, dijo Rodríguez.
Otro de los temas que ha producido indignación es el condicionar el acceso a las playas, ríos, lagos, lagunas, basado en el respeto de la propiedad privada. Al respecto, Rodríguez dice que el derecho de propiedad está supeditado al bien público que es el derecho superior.
También criticó la fórmula adoptada para obtener la nacionalidad dominicana, la cual cree creará un “genocidio civil”.

domingo, 30 de agosto de 2009

SENADOR HAITI AGRADECE A REPUBLICA DOMINICANA ACOGIDA DE 2 MILLONES DE HAITIANOS

Santo Domingo.- El senador de la República de Haití, Rudolph Henrry Boulos consideró hoy que su nación debe agradecer a la Republica Dominicana y a las autoridades del gobierno la acogida, protección y buen trato que están dando a los casi dos millones de haitianos que residen en el país.
El legislador de la vecina nación considera que no existe ninguna justificación para que se acuse a la Republica Dominicana de violar los derechos de inmigrantes haitianos cuando, por el contrario, lo que hace el país es brindarles oportunidades y facilidades para que se desarrollen y eduquen.
“Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al pueblo dominicano por los 350 mil obreros que están trabajando en la industria de la construcción, yo como senador quiero dar las gracias al pueblo dominicano por los más de 300 mil obreros que están trabajando en el área de la agricultura, yo quiero dar las gracias al pueblo dominicano y a las universidades por los más de 30 mil estudiantes que han acogido y también quiero dar las gracias por los más de cinco mil haitianos que saben más de cuatro idiomas y que están trabajando en el turismos en la República Dominicana”, precisó el legislador.
Dijo que para Haití es un valor increíble tener todos esos recursos humanos en la Republica Dominicana.A su juicio el 90% de la clase media de Haití reside en la República Dominicana, por lo que para él esa es una gran ayuda que ofrece el pueblo Dominicano a esa nación, ya que desde aquí llegan las remesas a hacia el vecino país fruto de las oportunidades de empleos que se les brindan.
“Entonces queremos, no solamente dar las gracias al pueblo, aunque se la hemos dado al pueblo primero, también queremos darles las gracias a las autoridades del gobierno que han protegido los derechos de los haitianos que vienen al país, que son derechos humanos”, sostuvo.En ese orden, negó que aquí se maltrate y violen los derechos de los haitianos, a la vez que atribuyó las denuncias a grupos o personas interesadas en explotar el tema por intereses particulares.
Al mismo tiempo, el senador Henrry Boulas manifestó su preocupación porque en Haití más del 50% de la población no está registrada y por lo tanto carecen de cedula de identidad.En ese sentido, sostuvo que es un proyecto en el que la República Dominicana puede ofrecer una gran ayuda, “porque es un país que esta organizado”.
“La República Dominicana tiene muchas soluciones a los problemas haitianos, es que está muy avanzado, yo pienso que los hermanos de la República Dominicana pueden ayudarnos y decirnos cómo resolver nuestros problemas”, agregó.
En otro orden, el legislador haitiano consideró que hay falta de visión del liderazgo haitiano y dijo que muchos no entienden la importancia del comercio entre esa nación y la República dominicana, a lo que atribuyó la actitud de un grupo de ciudadanos de su nación de boicotear el comercio de huevos y pollo hacia su país, del cual Haití sale más beneficiado que la propia República Dominicana.
“Pero no obstante, es necesario que se firme un acuerdo comercial entre ambas naciones, porque con el segundo agente comercial, que es la Republica Dominicana, no se puede estar trabajando de manera informal”, advirtió.Al mismo tiempo el senador Boulos considera que se hace urgente la firma de un acuerdo migratorio entre República Dominicana y Haití.
“Es crucial, importante, urgente, que el liderazgo haitiano se dedique a resolver el problema migratorio”, precisó.Manifestó que ese sería el primer aspecto que trabajaría el equipo que le apoyará en sus aspiraciones a la presidencia de la República de Haití.“Como diría un ex presidente de la República Dominicana, entre Haití y esta nación existe un matrimonio sin divorcio”, puntualizó.Rudolph Henrry Boulas es senador por el Partido Fusión Social Demócrata, en representación de la provincia de Juana Méndez, posición que ostenta hasta el 2012.
Dijo que aspira a la presidencia de la República, pero que primero trabajará para organizar y formar un equipo.“Un capitán no puede ir a la batalla sin un equipo, ahora vamos a construir el equipo, yo voy a trabajar por mi comunidad y por el pueblo haitiano en general”, sostuvo.
El eventoEl legislador fue entrevistado por Listín Diario en el Hotel Jaragua mientras participaba en un encuentro de los integrantes del Comité de Preparación para la Elaboración de una estrategia de Salvación Nacional de Haití, evento que fue organizado por la Liga de Pastores Haitianos en la Republica Dominicana.En el evento, que se inicio hoy y que concluye mañana, participan intelectuales, dirigentes políticos, sindicales y religiosos haitianos, residentes en Haití, Estados Unidos, Canadá, Francia y Republica Dominicana.
FUENTE: Listín Diario.

lunes, 3 de agosto de 2009

VI CONGRESO FICAA: DECLARACION DE PUERTO PRINCIPE


La Federación Internacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de las Antillas (FICAA) se siente muy feliz de los resultados de su Sexto Congreso, organizado los dia 31 de julio y primero de agosto de 2009, en el Hotel karibe Center de Petion Ville Haití.

Los diferentes temas discutidos durante esos días: la mujer haitiana en la política, los derechos de la mujer, una evolución discutible, el papel que juega la mujer cubana en la circunstancias actuales, posibilidades de la aplicación del decreto del 8 de octubre de 1982, la autonomía de la mujer casada sobre el régimen de la comunidad legal, los aspectos internacionales de los derechos de la mujer- Lo que está en juego a nivel contemporáneo, la evolución del derecho de la mujer en tunisie (afro-arabo- musulmán), la eliminación de las discriminaciones contra la mujer en el Derecho penal haitiano, y el derecho de la familia, son de gran interés para los países miembros en particular y para todos los países del planeta en general.-
La Federación Internacional de Colegios de y Asociaciones de Abogados de las Antillas (FICAA) es consciente de las dificultades de la mujer a gozar plenamente de todos sus derechos, tales como son reconocidos por las leyes nacionales e internacionales. Es preocupada por las condiciones en que s encuentran los niños, niñas y adolescentes relativamente al reconocimiento de los nacidos dentro de la relación matrimonial o fuera de ella.

La Federación Internacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de las Antillas (FICAA) va a trabajar activamente y conjunto con las organizaciones feministas y las autoridades plena participación de las mujeres en la vida política, económica de las mujeres en la vida política, económica y social de sus países para así adelantar la igualdad de las mujeres, eliminar las violencias contra ellas así como todos sus aspectos y de manera especial, crecer el mas alto nivel su seguridad económica y jurídica.
Por tales motivos, la federación internacional de colegios de asociaciones de abogados de las Antillas (FICAA) adoptadas las resoluciones siguientes:

RESOLUCION No: 1

Crear una comisión especial para informar, orientar y facilitar acciones pertinentes con el objetivo de incitar el reconocimiento de los Niños, Niñas Adolescentes et adultos, como medio de satisfacer los Derechos fundamentales concebidos en las leyes nacionales y los tratados internacionales.

RESOLUCION No:2

Orientar a las mujeres de las Antillas y del mundo, sobre sus derechos fundamentales, a través de todos los medios de comunicación; tales como: revistas, radio, televisión periódicos y otros.


RESOLUCION No:3

Formar una comisión para dar seguimiento a las consideraciones y sugerencias sobre los temas tratados y discutidos este congreso.


RESOLUCION No:4

Orientar a las familias sobre los bienes de la comunidad en el matrimonio y en la Unión libre para fortalecer el derecho de la mujer de los niños, niñas y adolescentes.


RESOLUCION No:5

Orientar a las familias sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar, la trata de seres humanos y e incumplimiento de la responsabilidad paternal y maternal.


RESOLUCION No:6

Diligenciar con pertinencia La validación de los títulos de abogados por las autoridades competentes de los países de las Antillas, lo que permitiría a los jurista, abogados miembros de la fica, de ejercer la profesión de abogado en todas las jurisdicciones de las Antillas lo que permitirá a los jurista, abogados en todas las jurisdicciones de las Antillas.

Dado en la ciudad de petion, ville, haiti, al primer dia del mes de agosto del año dos mil nueve (2009).


LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE LAS ANTILLAS (FICAA).

Dr. JOSEPH RIGAUD DUPLAN, Presidente en ejercicio.

Dr. DEOMEDES E OLIVARES ROSARIO, presidente fundador.

Dr. ARNEL MEDINA CUENCA, PRIMER VICEPRESIDENTE, representado por Dr. ANTONIO RAUDILLO MARTIN SANCHEZ.

jueves, 23 de julio de 2009

LA TORTURA DEBE SER COSA DEL PASADO

Cómo puede hablarse de desarrollo, de democracia, de derechos humanos, de modernidad si todavía prevalecen los métodos trujillistas en los estamentos encargados de velar por los derechos ciudadanos y el orden públicos?


Dos hombres denunciaron ayer que fueron torturados en el propio Palacio de la Policía y en el destacamento de Villas Agrícolas, próximo al Mercado Nuevo.Juan Isidro Veras y Nelson Enrique Olivo visitaron al vocero de la Policía, coronel Nelson Rosario, en compañía del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, con el fin de denunciar las maniobras de los agentes.Veras dijo que fue apresado en la avenida Charles de Gaulle y llevado a una celda del palacio policial acusado de cometer un supuesto atraco a un camión y golpeado varias veces."
Me metieron la cabeza en una funda, me dieron por el ano con la culata de una escopeta y me golpearon por todas partes del cuerpo", dijo Veras.
Una situación similar fue la vivida por Nelson Enrique Olivo, quien fuera apresado en el destacamento de Villas Agrícolas como testigo de un robo."
Me golpearon, me taparon la cabeza con una funda negra y me colocaron una cebolla en la boca", dijo.
Según Manuel María Mercedes, de los Derechos Humanos, esta misma situación se dio con Santo Javier Peralta, Sterling Febles Santana, Daniel Mella de Olbo, Juan Bautista Torres y José Luis Cabrera, quienes también "fueron torturados".Dijo que la Policía está torturando en Los Mina, Azua, San Francisco de Macorís y en el palacio.

EL NEPOTISMO ES UN DELITO

No se puede ocultar el sol con un dedo, el nepotismo es un delito; aunque lo más grave en el caso de la CDEEE no es exactamente este delito, sino todo el pquete de corrupción que predomina en dicha institución y que fue debidamente documentada por la periodista investigadora Nuria Piera.

El secretario de Estado de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo ayer que el nepotismo es una falta grave, violatoria a las leyes vigentes y que además, establece sanciones disciplinarias para quienes incurran en esa práctica.
Al ser cuestionado sobre posible nepotismo en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Ventura Camejo dijo que se reunirá con las autoridades de esa entidad para pautar una auditoría del personal que allí labora.
"Ya está fijado que nuestra Secretaría va a proceder al trabajar con esa institución, y hacer una revisión sobre los procedimientos que se refieren a la Ley de función Pública".
El funcionario señaló que los casos comprobables de corrupción deben ser llevados a la justicia. Sostuvo que la entidad que dirige trabaja en un proyecto informático que busca transparentar el reclutamiento del personal público y determinar los vínculos de los contratados con los funcionarios.
Al participar en un seminario con directores de recursos humanos, Ventura Camejo llamó a las instituciones públicas integrase a ese sistema, como ha hecho la SESPAS.

martes, 30 de junio de 2009

UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA

CONDENA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS
La Unión Nacional de Juristas de Cuba se une a la condena de la opinión pública mundial contra el golpe de Estado perpetrado al legítimo y reconocido Gobierno de la República de Honduras, encabezado por el Presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Acto bárbaro e ilegal de corte fascista, cometido contra la voluntad del pueblo hondureño.

La acción golpista ha tenido el rechazo unánime de la opinión pública mundial expresado en comunicados y declaraciones de disímiles organizaciones, agrupaciones y personalidades de diversas tendencias ideológicas.

Debe resaltarse el accionar enérgico, rápido, solidario y firme en defensa de la Democracia de los presidentes del ALBA, de la Asamblea General de la ONU, del Grupo de Río, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la OEA, los que sólo reconocen como único Presidente de Honduras a José Manuel Zelaya Rosales.

En estos momentos que el pueblo hondureño manifiesta su repudio a los golpistas y se enfrenta con valentía a las fuerzas represivas, manifestamos nuestra más firme solidaridad a las organizaciones sociales, profesionales, sindicales, estudiantiles y pobladores en general que encabezan esta lucha.

Exigimos que junto al retorno del Presidente Zelaya se respete la integridad física y la vida del pueblo que resiste.

Rechazamos, asimismo, la actitud cobarde y corrupta de los que desde el Congreso, el Poder Judicial y la Cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se han plegado a los intereses de la oligarquía y han actuado con irrespeto absoluto a la Constitucionalidad y a los principios jurídicos y éticos más elementales, traicionando al pueblo y al gobierno legítimamente constituido.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba clama por el restablecimiento de la legalidad y la institucionalidad quebrantadas en esa hermana Nación e insta a todas las organizaciones de profesionales del Derecho del mundo y en particular de América Latina que se unan a esta protesta enérgica contra la indignidad.


Junta Directiva Nacional
Unión Nacional de Juristas de Cuba

La Habana, Cuba, 30 de junio de 2009

LOS JURISTAS DEL CONTINENTE EN APOYO AL PRESIDENTE MANUEL ZELAYA

Ante los acontecimientos de Honduras la Asociación Americana de Juristas –AAJ‐, organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, declara:
1) Que las fuerzas armadas hondureñas, en abierta violación a la Constitución Nacional y a su función específica (art 1, 2, 3, 4 y 245 inc. 16 de la C.N. de Honduras), han producido un golpe de estado, secuestrando al Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, a quien han sacado por la fuerza e ilegalmente del país, contrariando lo dispuesto por el Art. 102 de la Carta Magna hondureña. Con igual violencia han secuestrado a la canciller de ese país, Patricia Rodas, y a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela en Honduras, a quienes luego de golpearlos y amenazarlos abandonaron en la vía pública, en un escándalo diplomático sin precedentes, que, además, viola la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares.
2) Que en razón del repudio generalizado de los ciudadanos, han suspendido de facto las garantías constitucionales del pueblo hondureño, militarizando las calles y el espacio aéreo con el objetivo de amedrentar a la población. Asimismo, han dispuesto el corte del suministro eléctrico y las comunicaciones en un intento de aislar a la comunidad.
3) Que éstas acciones injustificables, son llevadas a cabo con el objeto de impedir una consulta popular no vinculante sobre la necesidad de modificar la Constitución Nacional. Más allá de la opinabilidad sobre el órgano que debe realizar la convocatoria, es evidente que se trata de un medio de democracia participativa, al que sólo pueden temerle las estructuras del poder tradicional responsable de la enorme pobreza del país, que respaldan la ruptura del sistema democrático y la violación del orden legal, intentando nuevamente imponer su voluntad por medio de la fuerza sobre una ciudadanía indefensa.
4) Que el Congreso de Honduras, violando la Constitución Nacional, se ha hecho cómplice del golpe militar al resolver inmediatamente la separación de su cargo del Presidente Manuel Zelaya, designando en su lugar al titular del cuerpo.
5) Estos hechos nos retrotraen a la política de instauración de dictaduras que eliminan toda posibilidad de cambio a favor de los intereses populares, como ya se manifestó en Venezuela en abril de 2002, y las tentativas más recientes en Bolivia, afortunadamente fracasadas, que habitualmente han contado con el estimulo y sostén de las embajadas de los Estados Unidos.POR
TODO ELLO RECLAMAMOS:
1) Que el Grupo Río, la UNASUR y las Naciones Unidas se expresen de inmediato condenando y repudiando el golpe militar, exijan el reestablecimiento del orden constitucional y exijan la restitución del presidente Zelaya.
2) Reconocemos la rapidez del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenando el golpe militar en Honduras y esperamos que la OEA actúe con firmeza para restablecer el orden constitucional en Honduras y la restitución del presidente Zelaya.
3) Que los gobiernos de todos los países y organismos integrantes de la Comunidad Internacional sumen enérgicamente su repudio por esta nueva violación al Orden Democrático y a la Institucionalidad, desconociendo cualquier autoridad que pretenda instituirse de facto, y exigiendo retorne sus atribuciones nuevamente el Presidente electo constitucionalmente.
4) Una urgente movilización continental en reclamo de la inmediata restitución a sus funciones del Presidente Zelaya, la detención y juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales del golpe de estado, y su juzgamiento ante los tribunales competentes.
La AAJ expresa su solidaridad y acompaña al pueblo hondureño en la lucha por su soberanía, autodeterminación y el cambio social, y en su resistencia contra el imperialismo, el neoliberalismo y la usurpación del poder.
28 de junio de 2009
Vanessa Ramos
Presidenta AAJ


Beinusz Zzmukler
Continental President Consejo Consultivo AAJ

BARACK OBAMA DICE "GOLPE ES ILEGAL"


Washington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo ayer que el golpe que depuso al presidente hondureño Manuel Zelaya era ilegal y que sentaría un “terrible precedente” de transición a una fuerza militar, a menos que sea revertido.

“Creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras, el presidente democráticamente electo allá”, afirmó Obama a periodistas tras una reunión en el Salón Oval con su par colombiano, Alvaro Uribe.
Apoyo a ZelayaEstados Unidos, la Unión Europea y una variedad de gobiernos extranjeros expresaron su apoyo a Zelaya, quien fue sacado a la fuerza de su residencia por soldados y enviado rápidamente en un avión a Costa Rica. Obama agregó que trabajará con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con otros países e instituciones para lograr la vuelta de Zelaya al Gobierno.
“Sería un terrible precedente si comenzamos a retroceder a una era en la que vemos los golpes militares como una forma de transición política, en lugar de elecciones democráticas”, sostuvo Obama, destacando los progresos de la región para establecer una tradición democrática en los últimos 20 años.

EL GOLPE EN HONDURAS NO PASARA

SUBERO ISA DICE "REPUBLICA DOMINICANA DEBE VERSE EN ESPEJO DE HONDURAS"

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo ayer que República Dominicana debe verse en el espejo de lo que sucedió en Honduras, ante los aprestos existentes en el país de reformar el sistema judicial.
El presidente del alto tribunal sostuvo que la crisis política de esa nación inició a raíz de la escogencia de una nueva Suprema Corte de Justicia.
Subero Isa llamó a los órganos encargados de la constitucionalidad a tener estricto control al momento de interpretar las leyes nacionales. “En materia de inconstitucionalidad los órganos encargados del control de la misma deben ser sumamente prudentes al momento de interpretar y aplicar la Constitución, porque todas la decisiones constitucionales son políticas y se puede crear un problema político de circunstancias como ha surgido en Honduras”, dijo en el acto de apertura del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de Paz.
Los militares de Honduras destituyeron y expulsaron del país al presidente Manuel Zelaya, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, y el Congreso convalidó el golpe al nombrar un sucesor. Subero Isa expresó que las decisiones constitucionales y políticas pueden crear problemas políticos impredecibles, y dijo que la creación de un tribunal constitucional es lo mismo que crear una nueva Suprema Corte de Justicia.
Expresó que sólo a través de la formación y de la capacitación se puede tener una judicatura independiente de todos los sectores, incluyendo del propio sector interno al Poder Judicial. Dijo que en la medida en que el juez se capacita, obtiene conciencia de su papel y compromiso en la sociedad, y la coraza de la capacitación lo inmuniza para recibir presiones.

viernes, 19 de junio de 2009

QUIEN ES DUEÑO DEL CIELO DE LOS HAITISES?

SEÑOR PRESIDENTE: ¿Quién es el dueño de Los Haitises?
Dra. Amparo Chantada

Presidente Fernández, como jurista, le pregunto: ¿quien es el propietario del agua, del cielo, de las lluvias de Los Haitises? Quien debe hacer uso de los mismos y usufructuar los bienes y servicios ambientales que de ellos se crean?

El conflicto en torno a la cementera en los Haitises aviva un debate que los políticos han desvirtuado. Protección y conservación de áreas han dotado a sus recursos naturales de un valor que no podía pasar desapercibido para quienes buscan colocar sus capitales y recibir de esos nichos de acumulación, consecuentes beneficios sin importar el conflicto socio-ambiental, ni el conflicto legal-institucional y menos, el ético.

Y lo advertimos hace mucho, no existe en nuestro país, ningún espacio protegido o no, playas o bosques tropicales, ricos en biodiversidad, fuentes hídricas y minerales, que este a salvo. Al contrario, los riesgos de apropiación para usufructo privado se extienden ahora a los espacios protegidos por la Ley para la mercantilización de la naturaleza.

Cemento, minería, hoteles, golfs, marinas, proyectos turísticos- inmobiliarios son los bienes producidos por la relación economía y naturaleza de la cual se derivan los conflictos socio -ambientales por la distribución de esas riquezas.

A pesar de la ley de medio ambiente 64-00 y la ley municipal 176-07, actualmente se ciernen grandes amenazas sobre estos bienes, no solo por la apropiación y explotación privadas, sino por los impactos ya visibles de tal modalidad, con la complicidad y permisividad institucional.
La mayoría de los conflictos socio ambientales – injusticia y daños irreversibles al medio natural, - desde algunos años atrás, tienen en su raíz, la falta de institucionalidad que permite la privatización de recursos naturales que son Bienes Comunes, Patrimonio Nacional.

Presidente Leonel Fernández, ¡deje de ser neoliberal en sus practicas, interiorice lo que hoy se cuestiona en el mundo, que es la relación economía-naturaleza en la que existen distintas subjetividades, con distintas valoraciones e intereses: para el capital y los empresarios la naturaleza es vista como el nicho ecológico que permite la acumulación ampliada del capital, para los ambientalistas y los campesinos, la naturaleza es sinónimo de vida, de abastecimiento, de reserva! Y para Ud?

sábado, 13 de junio de 2009

Castaños ve “peligroso” nacionalizar a los ilegales



El presidente de la JCE dijo que hay disposición para colaborar con Migración

El presidente de la Junta Central Electoral marcó distancia ayer con una propuesta del secretario de Interior y Policía, y afirmó que sería “peligroso” otorgarle la naturalización a extranjeros que residen ilegalmente y no tienen la nacionalidad de su país de origen. Dijo que como nación receptora la República Dominicana no puede construirle la identidad a ningún inmigrante que no la tenga, por medio de una declaración jurada que puede ser falsa y, además, porque el proceso de naturalización se hace sobre la base del reconocimiento de una identidad previa. Añadió que eso hay que manejarlo con mucho cuidado y delicadeza, porque el problema no son los documentados, sino los indocumentados.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, consideró ayer como “peligroso”, otorgarle la naturalización a extranjeros que residen ilegalmente en y no tienen la nacionalidad de su país de origen.

Afirmó que como nación receptora la República Dominicana no puede construirle la identidad a ningún inmigrante que no la tenga, por medio de una declaración jurada que puede ser falsa y, además, porque el proceso de naturalización se hace sobre la base del reconocimiento de una identidad previa.

Castaños Guzmán respondió así al preguntársele sobre la Propuesta de Normativas para un Proceso de Regularización de Extranjeros establecidos en el país, presentada por el Consejo de Migración.

“Eso hay que manejarlo con mucho cuidado y delicadeza, porque el problema no viene por aquellos (extranjeros) que están documentados, sino por los indocumentados, y no se puede construir una identidad sobre la base de un desplazamiento ilegal a otro país, como si saliera de cero”, subrayó.

Agregó que toda persona que emigre a otro país, aún lo haga de manera ilegal, obligatoriamente debe tener de hecho su propia identidad, porque esta no sale de un acto de “prestidigitación o mágico”.

Rol de la JCE. Castaños Guzmán aclaró que el tribunal de elecciones no tiene ninguna competencia en la definición del estatus de los inmigrantes, salvo expedir la cédula de identidad a los extranjeros con residencia legal en el país, después deque la Dirección General de Migración, cumpliendo con lo que establece la ley, envía esos expedientes a esa institución.

Castaños Guzmán informó que a la fecha la JCE ha entregado su cédula de extranjero a 61,115 inmigrantes de distintas nacionalidades que residen legalmente en la República Dominicana.

Asimismo, dijo que ese organismo está dispuesto a darle todas las facilidades de tipo tecnológico y la asistencia necesaria a la Dirección de Migración, para la captura de los datos biométricos de extranjeros que entren al país.

viernes, 29 de mayo de 2009

ROBERTO SANCHEZ SE OPONE A LA CEMENTERA EN LOS HAITISES



Desde que se anunció la intención de instalar una fábrica de cemento que aprovecharía al mismo tiempo los recursos mineros de la corteza terrestre en la zona de Los Haitises, los habitantes de las comunidades aledañas han manifestado su abierta oposición a través de cartas, declaraciones, reuniones y movilizaciones.
Al parecer, el proyecto ha recibido el respaldo de diferentes instancias del gobierno e incluso, según los informes, hasta la Licencia Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Si así ha sido, considero desatinada esa decisión de la SEMARENA, y me identifico plenamente con los comunitarios y con los técnicos de la Subsecretaría de Areas Protegidas de la misma SEMARENA, que emitieron una opinión madura y sopesada en contra de que le fuera otorgada la Licencia a dicho proyecto.
El Parque Nacional de los Haitises es parte de una de las más importantes zonas de acumulación de agua del país. Las aguas que sobre él caen se infiltran a través de millares de furnias y cavernas y forman ríos subterráneos que vienen a alimentar todo el acuífero o aguas subterráneas acumuladas en toda la zona oriental de Santo Domingo, en todo el territorio de la Provincia de Monte Plata y parte de las provincias de San Pedro de Macorís e incluso de Sánchez Ramírez.
Los pozos que alimentan el acueducto de Santo Domingo Oriental y que suple a más de un millón de dominicanos, extraen agua que es suministrada por Los Haitises.
De los Haitises surgen los manantiales que alimentan los ríos Boyá y el Socoa y otros que drenan hacia el Ozama, así también el río Magua y el Higuamo que suplen de agua a San Pedro de Macorís,
A parte del consumo humano desde Santo Domingo Oriental hasta San Pedro de Macorís y la provincia de Monte Plata, el acuífero que es alimentado por Los Haitises aporta el agua para la agricultura y la ganadería en toda esa región, incluyendo la producción azucarera de tanta importancia económica.
Los proyectos turísticos de Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes son beneficiarios directos del agua que se produce en Los Haitises.
Solo me detengo en la importancia hídrica de Los Haitises y no hago mención en esta ocasión de su importancia y potencial para el ecoturismo, ni de su extraordinaria singularidad paisajística, ni de su valor en la conservación de la biodiversidad, ni de su influencia en la estabilidad del clima de la isla.
Según los informes, la autorización incluye no solo instalar una cementera, sino también explotar las calizas de la corteza terrestre.
Esta actividad es totalmente incompatible con una zona de tanta importancia hídrica, que aporta el agua a casi el 40% de la población dominicana y de la que depende un alto porcentaje de la economía del país en sectores tan diversos como el turismo, la agricultura, la industria azucarera, la ganadería y numerosas industrias, incluyendo la zona franca de Las Américas.
La actividad de la cementera y la minera afectará cerca de 5 kilómetros cuadrados de zona carstica, rica en cavernas y dolinas (sumideros) que originan lagos y corrientes subterráneas, justo en la zona de nacimiento del río Socoa, afluente del Boyá, el cual aporta a su vez al Ozama.
El argumento de que el área de concesión esta fuera de los límites del Parque no es válido en virtud de que esa zona es parte del cars de Los Haitises, es decir de la región geológica y como tal es parte de su zona de amortiguamiento, en la cual se permiten ciertas actividades compatibles que no provoquen alteraciones considerables del paisaje ni de los procesos ecológicos y, en especial, hídricos que se originan en la zona.
Técnicamente, de conformidad con los lineamientos de la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (UICN) y de las propias disposiciones nacionales, el uso minero debe estar totalmente prohibido en una zona con tal potencial hidrológico y mucho más si es parte de la zona de influencia de un área natural protegida.
Legalmente están protegidos por la Ley 64-00 todos los nacimientos de ríos, arroyos y cañadas. La misma Ley protege todas las cavernas del país. La zona concedida para explotación reúne ambas cualidades protegidas.
Socialmente es una injusticia colosal, un verdadero abuso y atropello, que se hayan mantenido 15,000 dominicanos desalojados de las tierras de las que subsistían, con la promesa de darles parcelas, y durante 18 años (desde 1991 hasta 2009) no se le haya cumplido la promesa, y a una velocidad meteórica se le haya otorgado el irritante privilegio a intereses particulares.
Lo procedente es anular toda concesión que se haya realizado, sugerir a los promotores que busquen otra zona menos vulnerable y que no entre en contradicción con otro uso más necesario para la nación.
Los terrenos que tan fácilmente fueron cedidos a un consorcio privado, deberían ser utilizados para reparar la gran injusticia que ha condenado a una vida de miseria intensificada a más de 2,000 familias.
Utilizar esa enorme superficie para convertirla en parcelas y entregarlas a los desalojados de los Haitises, como se les prometió hace 18 años, con lo cual se cumple una vieja deuda social y además se contribuiría a reducir las presiones sobre esta área protegida, verdadero tesoro natural y patrimonio de la nación.

jueves, 14 de mayo de 2009

Aplicación inmediata de las leyes procesales: caso de la Ley 491-08

POR EL DR. HERMOGENES ACOSTA
Mediante la Ley No. 491-08, publicada el 11 de febrero del 2009, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley No. 3726 del 29 de diciembre de 1953, el procedimiento de casación previsto en ésta última para las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, fue modificado sustancialmente.

Los aspectos más relevantes de la mencionada Ley No. 491-08 son los siguientes: a-. limita considerablemente el derecho a recurrir, ya que en lo adelante sólo serán recurribles en casación las sentencias que contengan condenaciones a pagar sumas de dinero que superen los 200 salarios mínimos –el parámetro de referencia será el salario mínimo más alto del sector privado, cuyo monto en la actualidad es de RD$7,360.00 pesos, conforme a la resolución No.1-2007, de fecha 25 de abril del 2007, emitida por el Comité Nacional de Salarios- ; b-. despoja el recurso de casación de su carácter extraordinario, para convertirlo en ordinario, al atribuirle un efecto suspensivo, es decir, que durante el plazo para recurrir y hasta que se resuelva el recurso, si éste se interpusiere, la sentencia objeto del mismo no puede ejecutarse y c-. reduce el plazo para recurrir de dos (2) meses a treinta (30) días.

En torno a los tres aspectos indicados se ha originado un interesante e intenso debate, el cual tuvo como escenario el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y fue organizado por los estudiantes de la maestría de Procedimiento Civil de la indicada alta casa de estudio, el jueves 19 de marzo del año en curso.

Quien suscribe, tiene varias observaciones de fondo en torno a los mencionados aspectos, sin embargo, y por el momento, no me referiré a los mismos, ya que ello requiere de un análisis que rebasaría los límites de espacio propio de un artículo periodístico.

En esta ocasión, nos limitamos a analizar lo relativo al momento en que tiene eficacia o se aplica la ley que nos ocupa.

Lo que motiva el presente análisis son las inquietudes que jueces, abogados en ejercicio y estudiantes tienen en torno al régimen aplicable a las sentencias que fueron notificadas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley que comentamos, y principalmente, en torno al régimen aplicable a los recursos interpuestos previo a la entrada en vigencia de la nueva ley pero que hasta la fecha no han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia.

Para dar respuesta a las referidas inquietudes es de rigor analizar y conciliar, el principio de irretro actividad de las leyes y el de aplicación inmediata de las leyes de procedimiento, ambos aplicables a la ley 491-08.

El principio de irretroactividad de la ley está previsto en el artículo 47 de la Constitución, texto que establece lo siguiente: “La ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub-júdice o cumpliendo condena.

En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.” Este principio también está refrendado por la disposición consagrada en el artículo 2 del Código Civil, que establece: “La ley no dispone sino para el provenir: no tiene efecto retroactivo.” La teleología de los mencionados textos es simple y específica, en un estado de derecho no puede aplicarse una ley nueva a situaciones jurídicas consumadas con anterioridad, porque ello implicaría desconocer derechos adquiridos. La aplicación retroactiva de una ley atenta contra la seguridad jurídica, principio esencial del estado democrático de derecho.

En lo que concierne a la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento, lo primero que debemos establecer es que no está previsto en ningún texto legal, y más bien es un principio general del procedimiento.

Conforme al mismo, las leyes de procedimiento, como la que modificó el procedimiento de casación, se aplican a las actuaciones procesales iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

Según el artículo 1 del Código Civil, las leyes son exigibles y aplicables en el Distrito Nacional al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial o en un periódico de circulación nacional, y en el resto del país, dos días después de dicha publicación.

La ley de referencia fue publicada en el periódico Diario Libre, edición del 11 de febrero del 2009, de manera que en los casos en que la sentencia fue notificada el día 11 de febrero o antes de esta fecha, en lo que concierne a quienes tienen su domicilio en el Distrito Nacional, o el día 12 del 2009 o antes, para quienes tienen su domicilio fuera del Distrito Nacional, el plazo para recurrir en casación es el previsto en la ley vieja, No.3726, del 29 de diciembre de 1953, es decir, de dos meses y no de treinta días como lo consagra la nueva ley.

En caso de que el recurso de casación se hubiere interpuesto antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, se le aplica la ley vieja, aunque dicho recurso no haya sido conocido ni decidido.

Lo anterior implica que la Cámara correspondiente de la Suprema Corte de Justicia no podrá tomar en cuenta como criterio para determinar la admisibilidad o no del recurso de casación, los requisitos establecidos en la nueva ley No. 491-08, como por ejemplo, el monto de la condenación.

De igual forma, y como regla general, los recursos que fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, aunque no hayan sido conocidos ni resueltos por la Suprema Corte de Justicia, no impiden que las sentencias objeto de los mismos sean ejecutadas por sus beneficiarios, salvo que se trate de los casos previsto en el último párrafo del artículo 12 de la vieja Ley, o que se haya obtenido su suspensión, mediante el mecanismo que establecía el antiguo artículo 12 de la Ley No. 3726.

En conclusión, entendemos que los recursos que fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y que están pendientes de fallo o instruyéndose en las Cámaras de la Suprema Corte de Justicia, deben resolverse conforme a la ley No. 3726. De lo contrario, se desnaturalizaría el principio de aplicación inmediata de las leyes de procedimiento y se violaría el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Esto, obviamente, traería como consecuencia una alteración de la seguridad jurídica, cuya protección y preservación es inherente y consustancial al estado de derecho.

El autor es juez presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelación del D.N.
Tomado del Listín Diario 14 de mayo 2009

sábado, 9 de mayo de 2009

JORGE SUBERO ISA DESCONFIA

El Magistrado Jorge Subero Isa dice que la reforma en curso puede conllevar a la inseguridad jurídica, por tanto desconfía del proceso de reforma y aboga porque todo quede como está. Recogemos notas del periodico Hoy, de esta fecha.

Subero Isa tiene la esperanza de que las cosas se queden como están, “por lo que esperamos que los asambleístas puedan recapacitar y no le presten mucha atención al proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo”
En el país no existirá seguridad jurídica si se aprueban, en el proyecto de reforma constitucional que conoce la Asamblea Revisora, la Sala Constitucional y el Tribunal Tributario Administrativo, afirmó ayer el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Dijo que esa modificación representa el retroceso institucional más grande de los últimos 40 años. “Si esos dos aspectos se excluyen de la sombrilla de la SCJ no habría Poder Judicial y el ciudadano caería en un estado de indefensión total”, dijo el magistrado, al resaltar que lo que se persigue es el descalabro de esas instancias.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) afirmó que uno de los grandes defectos que tiene la administración pública en la República Dominicana y que fomenta la corrupción, es precisamente la carencia de mecanismos de rendición de cuentas.
Al participar en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el doctor Jorge Subero Isa, aseguró que hoy día la rendición de cuentas es un instrumento necesario e importante para todas las instituciones “principalmente para las que manejan recursos públicos”, insistió.
Cuestionado sobre los sistemas de consecuencias que existen para los funcionarios públicos que no presentan sus declaraciones juradas a tiempo, el presidente del más alto tribunal precisó que en el Poder Judicial “eso no pasa”.
Explicó que anualmente los jueces deben hacer declaraciones juradas y si él, que revisa de manera personal los reportes, nota la existencia de algún incremento que no pueda ser justificado con el ingreso de la persona verificada, ordena una investigación que de confirmar la existencia de irregularidades en el incremento de los bienes traduce a ese magistrado a juicio disciplinario.
Subero Isa, en relación a la corrupción administrativa, defendió la creación de un fiscal general anticorrupción que no sea designado por el Poder Ejecutivo.
“Cuando lo propuse encontré muchas voces en contra, pero es lo que creo”, indicó el magistrado.
CPP e hipergarantismo. En otro orden, Subero Isa advirtió sobre el ‘hipergarantismo’ en que pueden caer algunos jueces en la aplicación del Código Procesal Penal (CPP).
Dijo que en comparación con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, el CPP tiene muchas ventajas, dentro de las que citó que el juez penal no puede decidir por la íntima convicción sino que tiene que exponer cual es la razón por la que tomó una decisión o no.
Sin embargo, aclaró el presidente de la Suprema, “eso no significa necesariamente que muchos jueces hayan caído en lo que es el ‘hipergarantísmo’, es decir en dar primacía sobre todas las cosas al derecho individual de esa persona, en detrimento, posiblemente, del derecho de la sociedad”.
Al respecto, exhortó a los jueces a tomar en cuenta el interés de la sociedad, sin desmedro de la libertad individual de la persona.
CPP no fomenta impunidad. Ahondando en el tema de la nueva normativa procesal penal, la doctora Laura Hernández, directora nacional de la Defensa Pública, aseguró que constituye un mito el hecho de que el CPP fomenta la impunidad.
“No es cierto que las personas estén en las calles como consecuencia del CPP”, insistió y recordó que en el último y único censo carcelario realizado en el 2006 la población carcelaria era de 12,706 y actualmente sobrepasa los 17,500.
En ese sentido, el director ejecutivo del programa de jurisdicción inmobiliaria, Helder Tavárez argumentó que con el Código anterior había que esperar hasta 30 meses para una sentencia firme, “y con el nuevo código se llega allí en sólo 10 meses”, precisó tras afirmar que hay una reducción de un 200% en el tiempo de los casos en la justicia.
Mayoría casos prescribían. Tavárez explicó que en el sistema anterior se resolvían más casos por prescripción que por resolución y que el paso del código viejo al nuevo supuso el expurgo de 450 mil casos, que equivalían a una acumulación de alrededor de 25 mil casos por 20 años.
Operadores del sistema. Cuestionada sobre personas puestas en libertad aún con evidencias que lo incriminen, Hernández dijo que hay que insistir en la labor de los demás operadores del sistema porque se necesitan expedientes bien instrumentados y pruebas que los sostengan ante el juez.
Presidente SCJ afirma RD adolece de una justicia que es ‘cara y onerosa’
Subero Isa calificó como una barbaridad el costo de la justicia en la República Dominicana, de la que dijo es muy cara y muy onerosa en pago de impuestos y de sellos, sin contar con los honorarios que se deben pagar a los abogados.
Puso como ejemplo que una persona que inicie un proceso para recuperar RD$50 mil, debe gastar al menos RD$15 ó RD$10 mil.
Explicó que todo dependerá del juicio de que se trate si es penal, civil, contencioso tributario, contencioso administrativo, un juicio penal que es donde menos oneroso resulta, “porque nosotros hemos adoptado decisiones donde hemos exonerado a la jurisdicción penal de una serie de impuestos y de sellos”, precisó, empero, que el acceso a la justicia se encuentra limitado por el encarecimiento de que resultan de esos servicios judiciales.
Sin embargo, el magistrado aclaró que ese elevado costo no es por el Poder Judicial sino por los sellos, impuestos y recibos.
Aclaró que contario a lo que muchos creen esos recursos no van a las arcas del Poder Judicial, “muchas veces la gente se confunde lo único que recibe el Poder Judicial es lo que mensualmente le envía la Tesorería Nacional y que está consignado en el Presupuesto Nacional”, argumentó.
Expuso que hay procesos judiciales que se pueden hacer sin necesidad de los abogados, pero no se podrían hacer sin los sellos o los pagos de impuestos.
Otro aspecto que citó el presidente de la SCJ sobre el acceso a la justicia es la distancia de los tribunales que hay en algunos lugares a los que hay que trasladar a los presos, que, según dijo, muchas veces tienen que cargar con el costo de vehículos que los lleven a que se les conozcan sus roles.
“Por ejemplo los presos de Ocoa hay que llevarlos a Baní, pero muchas veces los presos de Elías Piña hay que llevarlos a San Juan de la Maguana”, indicó el presidente del más alto tribunal del país.